Con toda la situación de crisis económica que estamos viviendo los últimos años, han saltado a la “arena mediática” muchos casos de corrupción por parte de gestores públicos o por parte de empresas que han recibido fondos públicos.

Desde este mismo espacio he reclamado en varias ocasiones, la necesidad de que para que nuestra clase política recupere parte del “crédito perdido” ante los ciudadanos requería de medidas para demostrar que tiene la intención de recuperar la reputación perdida y la “desafección” que existe entre la clase política la ciudadanía.

Hace tiempo, en la anterior legislatura, se perdió una buena oportunidad para empezar por esa “re-construcción” de la reputación política con la ley de transparencia que no vio la luz pública.

Ahora, el gobierno del partido popular, ha aprobado una ley de transparencia que perseguirá que los cargos públicos puedan ser inhabilitados hasta 10 años y multados de 6 a 12 meses.

¿Es esta una manera para reconstruir la reputación de nuestra clase política?. Tal vez sí, pero creo que la ciudadanía reclama mayores medidas, más amplias y más contundentes. Está bien empezar por esto, pero no creo que sean medidas que hagan ganar credibilidad a los políticos, ya que hemos visto en los últimos tiempos escándalos de primera fila y que no ha pasado nada o casi nada.

Esta ley de transparencia es un buen principio, ojalá se aplique y se lleve a cabo con ejemplos concretos, pero no creo que sea suficiente para demostrar credibilidad. Hacen faltas más duras y contundentes, ya que los ciudadanos no políticos estamos sujetos a leyes más duras por cometer el mismo tipo de errores o malas prácticas y nuestra clase política no puede olvidar que los políticos cobran de nuestros impuestos y que están a sujeto servicio, no al suyo particular ni al de su partido político.

 


 

 

 

 

 

 

Hemos conocido hace poco una encuesta elaborada por la Generalitat de Catalunya sobre la percepción que tienen los jóvenes catalanes, en comparación con los adultos, de nuestra clase política y de nuestros políticos.

Analicemos algunos datos: el 95% de los jóvenes creen que el funcionamiento de la democracia necesita cambios. El 25,9% de los jóvenes se muestra interesado por la política. El 30% no muestra “ningún interés” por la política. El 3,6% colabora con algún partido político. Tienen un interés de 5,70 sobre 10.

Los datos aportados por el estudio reflejan, respecto a los adultos, porcentajes similares o un poco más inferiores que los arrojados por los jóvenes.

Bien es cierto que el interés de los jóvenes por la política ha pasado del 9,8% al 25,9% en solo 6 años y este me parece un dato interesante.

Lo que me gustaría conocer es si este interés por la política es un interés por los partidos políticos: creo que no porque solo el 3,6% de los jóvenes participa en algún partido político.

Independientemente de este u otro resultado en concreto, mi reflexión general es que la ciudadanía tiene interés por el sistema democrático, igual que los adultos, pero exige cambios en su funcionamiento y para ello hay que recordar que nuestros políticos son los únicos, principalmente, que pueden provocar los cambios en el sistema democrático.

¿Están los políticos por mejorar la participación ciudadana?, ¿están los políticos por mejorar el sistema democrático?, ¿están los políticos por la labor de mejorar su reputación ante la ciudadanía?

Como siempre, leeremos y escucharemos que por supuesto que sí, pero a la hora de la verdad los movimientos o los actos que se tienen que llevar a cabo por parte de nuestra clase política para reducir la desafección ciudadana, son muy escasos o muy “lights” y normalmente no responden jamás a las expectativas que teníamos los ciudadanos para conseguir cambios.

¿Dónde han quedado las reclamaciones y sugerencias que se hicieron con el movimiento 15-M, por ejemplo?, ¿por qué es tan inmovilista nuestra clase política a la hora de provocar cambios en el sistema democrático?. No lo sé, no tengo respuestas exactas para ello (aunque me las puedo imaginar), pero no me extraña que nuestra clase política se siga preguntando por que en cada elección los índices de abstención son cada vez mayores, aunque nuestros jóvenes se interesen por la política (debemos recordar que cada vez ellos también votan menos).

Hace unos años, una persona relacionada directamente con la política me dijo: “se debe distinguir entre los apolíticos y los apartidistas, que no es lo mismo”. Gran frase que todavía recuerdo y me hace pensar que me sigue interesando la política.

Ojalá nuestros políticos se den cuenta de lo que les reclama la ciudadanía para que puedan ir recuperando parte de su reputación. No es ni la primera ni la última vez que se lo reclamaré.

 


 

 

 

 

 

 

No sé si es por convicción propia o por presión social externa que hemos visto últimamente, pero parece que algo se está moviendo en algún partido político que quiere recuperar parte del crédito perdido en cuanto a reputación se refiere.

Es el caso del partido popular, que según hemos sabido, tiene intención de aprobar en su próximo congreso un protocolo interno, le llaman “carta de compromisos”, que pretender ser un manual de lo que debe seguir cualquier militante de este partido político. Entre otros aspectos esta “carta de compromisos”, tiene previsto cesar a quien tenga un proceso judicial que dañe la imagen del partido. Se trata de “disposiciones de carácter ético y deontológico” que se deben comprometer quien acceda a un cargo público, para así tratar de evitar “comportamientos indeseables”.

Me imagino que en el caso del partido popular que ahora está al frente de gobernar el país, no ha salido muy bien parado del asunto Gürtel por el cual se juzga al expresidente de la comunidad valencia, Francisco Camps, cuyo veredicto hemos conocido recientemente declarándolo inocente por 5 votos contra 4.

Hemos asistido las últimas semanas a ver imágenes de dicho juicio y la verdad es que escuchar lo que se ha escuchado a través de las grabaciones interceptadas me han parecido que dicen bastante poco de la reputación de nuestra clase política.

Ya va siendo hora de que nuestra clase política empiece a hacer gestos valientes y en firme, no solo protocolos de actuación, para recuperar la reputación perdida ante los ciudadanos.

Lo que quiere aprobar el partido popular es un primer paso para atajar malas prácticas. Adelante, no me parece mal para reconstruir la reputación de la clase política, pero lo más interesante de todo es aplicar lo que se ha aprobado y cumplirlo a rajatabla para así demostrar a los ciudadanos que se quiere cumplir con lo prometido y no dejar ningún atisbo de duda para atajar de cuajo cualquier irresponsabilidad política que ponga en tela de juicio su reputación.

Adelante con esta iniciativa, más vale tarde que nunca, pero lo importante es aplicarla a las primeras de cambio.

Espero que dicho protocolo sirva también para la gente de Izquierda Unida en el caso de su secretario de organización.

Como siempre, esperaremos acontecimientos



 

 

 

 

 

 

 

Estas últimas semanas hemos visto movimientos en los medios de comunicación sobre los procesos de restructuración que están obligados a hacer las televisiones públicas de nuestro país.

Ahí van algunos datos “para entrar en materia”:

1.- En España los gobiernos autonómicos han creado 13 televisiones autonómicas que emiten un total de 28 canales

2.- Las televisiones autonómicas tienen 8.800 empleados

3.- En el año 2010 recibieron unos 800 millones de € en subvenciones y tasas

4.- Tienen una deuda reconocida por encima de los 1.800 millones de €

5.- Los ingresos por publicidad en los 9 primeros meses del año les bajaron casi un 25%, mientras que a las televisiones privadas solo les bajó un 5%

 

Ahora parece que hemos entrado en una fase, por parte de los dirigentes políticos de las autonomías, de que esta “sangría económica” no es posible y que hay que tomar medidas drásticas para intentar mantener un modelo de televisión que sea sostenible económicamente. Para ello por ejemplo, el gobierno catalán ha reducido por 3er. año consecutivo su aportación pública a la televisión autonómica catalana: en lugar de 300 millones de € de aportación del 2010, para este año 2012 pasas a 260 millones de € (cifra nada envidiable¡¡). La televisión de Valencia presentará un expediente de regulación de empleo para sus 1.800 empleados (no está nada mal¡¡¡) y parece que el gobierno central quiere abrir la posibilidad de privatización de los canales autonómicos. NO podemos olvidar que la media de audiencia de los canales autonómicos fue del 10.4% de share en total

Ante los despilfarros de antes de la crisis y las medidas drásticas que se deben tomar ahora, me da la sensación de que nuestra clase política ha vuelto a fallar de nuevo y da muestras, otra vez, de que su reputación ante los ciudadanos vuelve a estar en crisis de nuevo.

Es una pena, ver de nuevo cosas como éstas, ya que por querer nuestros políticos tener SU canal de comunicación masivo a su disposición, con el dinero de los demás por supuesto, para básicamente egos personales y bajo el paraguas de un servicio público, ahora de repente vemos que estos desmanes nos han costado una fortuna de los impuestos de los ciudadanos, cuando las empresas llevan mucho tiempo ajustando sus cuentas y políticas de personal para intentar subsistir mientras que las entidades bancarias se las hacen pasar “canutas” para poderles seguir financiando.

¿Por qué no le ocurre nada a los dirigentes políticos que han hecho estos despilfarros?, ¿Cómo es posible que no podamos pedir explicaciones a nadie de la clase política por estas malas prácticas?, ¿por qué siempre quedan impunes ante este tipo de situaciones?.

Como siempre es una pena y luego se sigue preguntando la clase política por la desafección de los ciudadanos hacia la vida política. Pues señores míos, aquí tienen otro ejemplo.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Esta afirmación no es mía, sino del presidente español de Transparency International, el Sr. Antonio Garrigues Walker, un reputado y reconocido jurista español.

Esta frase la hizo servir en la presentación del estudio mundial sobre la corrupción de los países que cada año realiza Transparency International.

Del estudio de este año quiero destacar:

1.- Somalia como país más corrupto del mundo y Nueva Zelanda como el país menos corrupto del mundo

2.- Solo 49 de 183 países aprueban en transparencia de su sector público. Es decir, 2 de cada 3 países del mundo suspenden en términos de transparencia

3.- Los países de la eurozona con mayores problemas financieros son los que peor puntuación tienen

4.- Destacan las denuncias contra la corrupción tanto en las manifestaciones sociales en países desarrollados (movimiento 15M y demás) así como en las revueltas del norte de áfrica, la llamada primavera árabe

5.- España ocupa la posición nº 31 del ranking mundial, con una nota de 6,2.

Ante estos datos quiero reflexionar que la corrupción de los países no es una “entelequia” que nadie sabe o conoce quien es. Detrás de la corrupción de los países están sus dirigentes políticos que son los que deberían no permitir que aspectos como la corrupción se instalaran en su sociedad de la manera que lo han hecho.

¿Es posible atajar la corrupción del  sector público? Creo que sí, pero lo más necesario de todo es tener la voluntad para hacerlo y por lo que se deduce del estudio de Transparency International, me da la sensación de que muchas iniciativas gubernamentales para atajar esta lacra no se han tomado.

Creo sinceramente, y lo he repetido un montón de veces, de que una de las maneras para re-construir la reputación de la clase política en general es, intervenir con políticas públicas, destinadas a atajar de raíz e impedir cualquier tipo de corrupción o corruptela que pueda cometer la clase política.

Revisando de nuevo un estudio del CIS sobre la percepción de los españoles, vemos que los resultados que ofrece su informe coinciden con el resultado presentado por Transparency International, ya que según los españoles la corrupción creo que es el 3º problema que más nos inquieta después de la crisis económica y el paro.

Es para empezar a mirárselo YA de una vez por todas, sin en realidad la clase política quiere volver a recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, es decir si quiere volver a reconstruir su reputación para evitar la llamada desafección de los ciudadanos versus su clase política.

Está en sus manos hacerlo y en las nuestras estar alertas para denunciar conductos corruptas.