Con toda la situación de crisis económica que estamos viviendo los últimos años, han saltado a la “arena mediática” muchos casos de corrupción por parte de gestores públicos o por parte de empresas que han recibido fondos públicos.

Desde este mismo espacio he reclamado en varias ocasiones, la necesidad de que para que nuestra clase política recupere parte del “crédito perdido” ante los ciudadanos requería de medidas para demostrar que tiene la intención de recuperar la reputación perdida y la “desafección” que existe entre la clase política la ciudadanía.

Hace tiempo, en la anterior legislatura, se perdió una buena oportunidad para empezar por esa “re-construcción” de la reputación política con la ley de transparencia que no vio la luz pública.

Ahora, el gobierno del partido popular, ha aprobado una ley de transparencia que perseguirá que los cargos públicos puedan ser inhabilitados hasta 10 años y multados de 6 a 12 meses.

¿Es esta una manera para reconstruir la reputación de nuestra clase política?. Tal vez sí, pero creo que la ciudadanía reclama mayores medidas, más amplias y más contundentes. Está bien empezar por esto, pero no creo que sean medidas que hagan ganar credibilidad a los políticos, ya que hemos visto en los últimos tiempos escándalos de primera fila y que no ha pasado nada o casi nada.

Esta ley de transparencia es un buen principio, ojalá se aplique y se lleve a cabo con ejemplos concretos, pero no creo que sea suficiente para demostrar credibilidad. Hacen faltas más duras y contundentes, ya que los ciudadanos no políticos estamos sujetos a leyes más duras por cometer el mismo tipo de errores o malas prácticas y nuestra clase política no puede olvidar que los políticos cobran de nuestros impuestos y que están a sujeto servicio, no al suyo particular ni al de su partido político.

 


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