Estas últimas semanas hemos visto movimientos en los medios de comunicación sobre los procesos de restructuración que están obligados a hacer las televisiones públicas de nuestro país.

Ahí van algunos datos “para entrar en materia”:

1.- En España los gobiernos autonómicos han creado 13 televisiones autonómicas que emiten un total de 28 canales

2.- Las televisiones autonómicas tienen 8.800 empleados

3.- En el año 2010 recibieron unos 800 millones de € en subvenciones y tasas

4.- Tienen una deuda reconocida por encima de los 1.800 millones de €

5.- Los ingresos por publicidad en los 9 primeros meses del año les bajaron casi un 25%, mientras que a las televisiones privadas solo les bajó un 5%

 

Ahora parece que hemos entrado en una fase, por parte de los dirigentes políticos de las autonomías, de que esta “sangría económica” no es posible y que hay que tomar medidas drásticas para intentar mantener un modelo de televisión que sea sostenible económicamente. Para ello por ejemplo, el gobierno catalán ha reducido por 3er. año consecutivo su aportación pública a la televisión autonómica catalana: en lugar de 300 millones de € de aportación del 2010, para este año 2012 pasas a 260 millones de € (cifra nada envidiable¡¡). La televisión de Valencia presentará un expediente de regulación de empleo para sus 1.800 empleados (no está nada mal¡¡¡) y parece que el gobierno central quiere abrir la posibilidad de privatización de los canales autonómicos. NO podemos olvidar que la media de audiencia de los canales autonómicos fue del 10.4% de share en total

Ante los despilfarros de antes de la crisis y las medidas drásticas que se deben tomar ahora, me da la sensación de que nuestra clase política ha vuelto a fallar de nuevo y da muestras, otra vez, de que su reputación ante los ciudadanos vuelve a estar en crisis de nuevo.

Es una pena, ver de nuevo cosas como éstas, ya que por querer nuestros políticos tener SU canal de comunicación masivo a su disposición, con el dinero de los demás por supuesto, para básicamente egos personales y bajo el paraguas de un servicio público, ahora de repente vemos que estos desmanes nos han costado una fortuna de los impuestos de los ciudadanos, cuando las empresas llevan mucho tiempo ajustando sus cuentas y políticas de personal para intentar subsistir mientras que las entidades bancarias se las hacen pasar “canutas” para poderles seguir financiando.

¿Por qué no le ocurre nada a los dirigentes políticos que han hecho estos despilfarros?, ¿Cómo es posible que no podamos pedir explicaciones a nadie de la clase política por estas malas prácticas?, ¿por qué siempre quedan impunes ante este tipo de situaciones?.

Como siempre es una pena y luego se sigue preguntando la clase política por la desafección de los ciudadanos hacia la vida política. Pues señores míos, aquí tienen otro ejemplo.

 

 

 


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