Esta semana ha finalizado la 8ª legislatura desde la restauración de la democracia en España. Es hora de balances, informes finales, análisis del trabajo realizado, de despedidas, etc… Se han convocado elecciones generales para el próximo día 20 de noviembre de 2011 y por lo que dicen las encuestas parece que en España va a haber un cambio de color en el gobierno.

Antes de que se produzca ese previsible cambio de gobierno, me quiero quedar con algunas “perlas” que hemos visto antes de que se agotara esta legislatura.

Algunas de estas “perlas” es que se ha hecho público el patrimonio de los senadores españoles: independientemente de las cifras y ganancias de estos individuos (que ya aseguro que superan con creces el sueldo medio español) hay que recordar que el día que se hicieron públicos, la web del senado se colapsó debido al alto nivel de visitas, que me imagino que nadie supo predecir.

Hemos sabido también que los nuevos diputados (350 en total) que salgan elegidos el próximo día 20 de noviembre, aparte de sus sueldos altos, dietas, estancias y demás, dispondrán de u8n iphone, un ipad, tarjetas de taxi, de tren y de avión.

Desconocemos el importe total de dicho “pack” porque nos e ha hecho público, pero parece mentira que los representantes del pueblo español acepten unos extras laborales que muchísimas empresas españolas no pueden dar a sus ejecutivos por estar en una época de crisis muy profunda. ¿Por qué no se lo pagan de sus bolsillos, como hacemos la mayoría?. Creo que es un mal ejemplo, otro más, que nuestra clase política ha dedicado a los ciudadanos y vuelve a no ayudar en nada a construir o mejor dicho reconstruir su reputación ante los ciudadanos.

Para rematar la jugada hemos leído que la Defensora del Pueblo ha pedido que “se castigue el despilfarro”. Es decir está asumiendo que nuestra clase política, en estos últimos 4 años, no ha sabido gestionar el dinero público y se ha dedicado a malgastarlo (ya sé que no ha sido toda la clase política en general). Según ha pedido la Defensora del Pueblo quiere que “el despilfarro” se tipifique como delito en el código penal. Según ha confesado, este tema “escandaliza profundamente y con razón a los ciudadanos”. ¿Qué hubiera pasado si estos políticos hubieran hecho estos “despilfarros” trabajando en una empresa privada?. Creo que todos tenemos las respuestas.

Es una gran reflexión la que ha hecho la Defensora del Pueblo, aunque lástima porque la hizo en la última sesión del Congreso de esta legislación y sólo quedará como una gran reflexión pero, una vez más, no se materializará en nada concreto.

Qué pena, como he dicho ya en anteriores ocasiones, se ha perdido otra gran oportunidad para que la clase política intente reconstruir su reputación ante la ciudadanía y evitar así la famosa desafección tan profunda existente en estos momentos.

 


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